Un análisis crítico que examina las audiencias judiciales como espacios de ejercicio del poder punitivo y su impacto en las garantías del Estado de Derecho, a partir del pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni.

Autora: Dra. Ajoortt Lezcano Pomares

Fecha de Publicación:28 de enero de 2026

Resumen

En los sistemas penales contemporáneos, las audiencias judiciales suelen ser concebidas formalmente como actos técnicos orientados a la aplicación imparcial del derecho. Sin embargo, desde una perspectiva crítica, dichas audiencias trascienden el plano estrictamente jurídico para configurarse como auténticos actos políticos. El presente artículo analiza esta afirmación a partir del pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni, quien sostiene que el proceso penal constituye un espacio privilegiado de ejercicio del poder punitivo y que la justicia penal opera, en gran medida, como un mecanismo de control social selectivo. Se examina cómo las audiencias judiciales, especialmente en contextos de alta exposición mediática, reproducen dinámicas de populismo punitivo, erosionan el principio de presunción de inocencia y contribuyen al debilitamiento del Estado de Derecho.

Palabras clave: audiencias judiciales; poder punitivo; populismo penal; Zaffaroni; proceso penal; política criminal.

1. Introducción

El ideal liberal del proceso penal presenta a las audiencias judiciales como espacios neutrales, racionales y despolitizados, en los cuales se confrontan argumentos jurídicos bajo el amparo de las garantías constitucionales. Desde esta concepción, el juez aparece como un árbitro imparcial y el proceso como un instrumento técnico destinado a la aplicación objetiva de la ley.

No obstante, esta imagen normativa resulta insuficiente para explicar el funcionamiento real del sistema penal en las sociedades contemporáneas. Eugenio Raúl Zaffaroni ha desarrollado una crítica estructural al derecho penal, señalando que este no puede comprenderse al margen de las relaciones de poder que lo atraviesan ni de su función histórica como herramienta de control social.

Desde esta óptica, las audiencias judiciales no solo resuelven conflictos jurídicos individuales, sino que cumplen una función simbólica y política: legitiman ante la sociedad el ejercicio del poder punitivo del Estado. El presente artículo tiene como objetivo analizar las audiencias judiciales como actos políticos, tomando como eje central la teoría penal crítica de Zaffaroni.

2. El proceso penal como ejercicio de poder

Zaffaroni parte de una premisa fundamental: el sistema penal no persigue de manera uniforme todas las conductas ilícitas ni a todos los sujetos que las cometen. Por el contrario, opera de forma selectiva, concentrando su accionar punitivo sobre determinados grupos sociales previamente vulnerabilizados. Esta selectividad no es una disfunción accidental del sistema, sino una característica estructural del poder punitivo.

En este marco, el proceso penal se presenta como una manifestación concreta del poder estatal, cuya finalidad principal no es la realización abstracta de la justicia, sino la administración del castigo dentro de límites políticamente tolerables. Las audiencias judiciales se insertan plenamente en esta lógica: cada audiencia constituye un acto de reafirmación del poder punitivo, en el cual el Estado se presenta como titular legítimo de la potestad de perseguir, juzgar y sancionar.

Aunque formalmente revestidas de legalidad y ritualidad jurídica, las audiencias están condicionadas por factores políticos, sociales y culturales que exceden el texto normativo, tales como el contexto político, las demandas de seguridad y las expectativas sociales respecto del castigo.

3. Audiencias judiciales y populismo punitivo

Uno de los aportes más relevantes de Zaffaroni es su crítica al populismo penal, entendido como la instrumentalización del sistema penal para satisfacer demandas emocionales de la opinión pública. En este contexto, las audiencias judiciales adquieren un carácter marcadamente performativo: no se dirigen únicamente a las partes procesales, sino también a la sociedad en su conjunto y, especialmente, a los medios de comunicación.

Cuando una audiencia se transforma en un espectáculo mediático, el juez y el fiscal dejan de actuar exclusivamente como operadores jurídicos y pasan a desempeñar un rol político. Las decisiones adoptadas bajo estas condiciones tienden a privilegiar la severidad del castigo y su impacto simbólico, en detrimento del análisis racional de la prueba y del respeto estricto de las garantías procesales.

Zaffaroni advierte que este fenómeno genera una profunda distorsión del proceso penal, ya que la finalidad de la audiencia deja de ser la búsqueda de la verdad jurídica para convertirse en un mecanismo de legitimación del discurso de la “mano dura”, reforzando una lógica punitivista incompatible con un modelo garantista.

4. El juez como actor político

Contrario a la imagen tradicional del juez como figura neutral y ajena a la política, Zaffaroni sostiene que toda decisión judicial tiene inevitablemente efectos políticos. El juez ejerce un poder real sobre bienes fundamentales como la libertad, el patrimonio y la dignidad de las personas. En consecuencia, cada audiencia judicial implica una toma de posición frente a determinados valores sociales y opciones político-criminales.

El problema no radica en la existencia de una dimensión política de la función judicial —inevitable en toda manifestación de poder—, sino en que dicha dimensión se ejerza de forma inconsciente, negada o encubierta. Cuando el juez actúa condicionado por presiones mediáticas, climas de opinión pública o intereses coyunturales, la audiencia se convierte en un acto político opaco, que erosiona la legitimidad del sistema de justicia y debilita la confianza ciudadana.

5. Impacto en el Estado de Derecho y las garantías procesales

Desde la perspectiva de Zaffaroni, la politización de las audiencias judiciales tiene consecuencias directas y graves sobre el Estado de Derecho. Entre las más relevantes se encuentran la afectación de la presunción de inocencia, la normalización del castigo anticipado y el debilitamiento del principio de legalidad.

Las audiencias concebidas como actos políticos tienden a priorizar la eficacia simbólica del castigo por encima de la protección de los derechos fundamentales. En este escenario, el imputado deja de ser considerado un sujeto de derechos para convertirse en un objeto de disciplinamiento social, lo cual contradice los principios básicos del garantismo penal.

6. Conclusiones

El análisis del pensamiento de Eugenio Raúl Zaffaroni permite afirmar que las audiencias judiciales, lejos de ser actos puramente técnicos, constituyen espacios privilegiados de ejercicio y legitimación del poder político del Estado. Reconocer esta realidad no implica negar la importancia del derecho ni del proceso penal, sino asumir una postura crítica orientada a fortalecer las garantías procesales y a limitar el alcance del poder punitivo.

Negar la dimensión política de las audiencias judiciales favorece su instrumentalización al servicio del populismo penal. Por el contrario, asumirla de manera consciente, reflexiva y responsable constituye un paso indispensable para la defensa del Estado de Derecho y la vigencia efectiva de los derechos humanos en el proceso penal.

Referencias bibliográficas

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• Garland, D. (2005). La cultura del control. Barcelona: Gedisa.
• Zaffaroni, E. R. (2000). Derecho penal. Parte general. Buenos Aires: Ediar.
• Zaffaroni, E. R. (2011). La cuestión criminal. Buenos Aires: Planeta.
• Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (2002). Derecho penal argentino. Buenos Aires: Ediar.