La sentencia absolutoria como barrera frente al juicio digital (Parte II: Alcances, efectos y proyecciones).
Por: Editorial Mi Biblioteca Digital
Fecha de publicación: 10 de diciembre de 2025
Tal como fue anunciado previamente en este espacio, una vez se contó con el fallo formalmente emitido por el órgano jurisdiccional competente, se procedió al estudio jurídico del contenido íntegro de la decisión.
La absolución como garantía y no como excepción
Una sentencia absolutoria no es una anomalía del sistema ni un acto de indulgencia judicial. Es, por el contrario, la manifestación más visible del principio rector de todo proceso penal:
«nadie puede ser condenado sin prueba suficiente, lícitamente producida y sometida a contradicción».
Cuando la ciudadanía —particularmente ante un caso mediático— interpreta una absolución como una falla del sistema, suele hacerlo desde un marco emocional ajeno a la estructura jurídica que regula la carga de la prueba. El fallo de este caso recuerda un punto esencial:
«La justicia penal no evalúa opiniones: evalúa hechos probados».
La disonancia entre percepción social y realidad procesal
En entornos digitales, el relato más emotivo suele imponerse sobre el relato más preciso. Y cuando ese relato se viraliza, puede crear en la sociedad una percepción de culpabilidad que no se sustenta en evidencias.
Frente a esa “verdad narrativa”, el proceso penal responde con su propia “verdad jurídica”, construida mediante reglas objetivas. La distancia entre ambas puede generar frustración en quienes solo conocen la versión pública del caso.
Por ello, el rol de la sentencia absolutoria es doble:
- Poner orden en el caos informativo, reafirmando que el único espacio donde se acreditan hechos es el expediente.
- Desactivar narrativas acusatorias sin sustento, que pueden vulnerar derechos fundamentales.
El tribunal como garante frente a la manipulación informativa
La decisión judicial adquiere especial relevancia en momentos donde:
- herramientas de edición permiten fabricar escenarios inexistentes,
- deepfakes circulan sin control,
- fragmentos de videos se publican fuera de contexto,
- audios pueden ser recreados digitalmente,
- y la opinión pública se forma más por viralidad que por veracidad.
En un caso con alta exposición mediática, el tribunal debe resistir dos presiones simultáneas:
- la presión social que exige una condena,
- y la presión del sistema jurídico que exige certeza.
El fallo absolutorio demuestra que el tribunal optó —como corresponde— por la segunda.
Reivindicación del estándar de duda razonable
El estándar “más allá de toda duda razonable” es una muralla jurídica que protege a cualquier persona de una condena injusta. Ese estándar:
- no se satisface con sospechas,
- no se suple con rumores,
- no se alcanza con percepciones,
- no se presume a partir de contenido viral,
- no se puede construir por presión social,
- y no se reemplaza con hipótesis de redes sociales.
Este caso lo demuestra de forma contundente:
«el sistema penal no puede condenar donde la prueba simplemente no existe».
Efectos institucionales del fallo
Una sentencia absolutoria en un caso de alta exposición genera varias consecuencias:
1.Fortalece la independencia judicial.
El tribunal no cedió ante la narrativa pública; aplicó la ley.
2. Reafirma la vigencia del debido proceso.
El Estado debe probar; la persona no debe demostrar inocencia.
3. Envía un mensaje a los operadores del sistema penal.
La acusación sin fundamento no solo es improcedente; es contraria a la legalidad.
4. Marca límites al juicio digital.
El algoritmo no decide culpabilidades; los jueces sí.
Responsabilidad ética del debate público
El caso también obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de:
- medios de comunicación,
- creadores de contenido,
- usuarios que comparten información sin verificar,
- figuras públicas que emiten juicios sin revisar el expediente,
- y plataformas digitales que amplifican contenido falso.
Ninguna libertad —incluida la de expresión— es absoluta.
En materia penal, opinar irresponsablemente puede destruir reputaciones y vulnerar garantías.
La sentencia, un precedente para el futuro
Aunque no es un precedente vinculante, este fallo tiene un valor pedagógico y ético dentro del sistema penal panameño:
- Refuerza la importancia de la prueba auténtica y verificable.
- Expone los peligros del populismo punitivo digital.
- Reivindica el rol del tribunal como garante de derechos, no como ejecutor de clamor público.
Conclusión
La sentencia absolutoria no solo resolvió un caso; frenó una narrativa pública que pretendía reemplazar el proceso penal por el juicio digital.
En tiempos donde la viralidad influye más que la evidencia, donde las redes amplifican rumores y donde la tecnología puede fabricar realidades inexistentes, el fallo recuerda un principio irrenunciable:
«La justicia solo puede decidir con prueba, no con percepciones».
El expediente —con sus reglas, tiempos y garantías— sigue siendo el único lugar donde la verdad jurídica se construye. Y es esa verdad, no la que circula en redes, la que protege la libertad, la dignidad y los derechos fundamentales de toda persona sometida a proceso.
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